Según el proyecto Conflict Observatory, hay al menos 21 campos de filtración organizados por los servicios especiales rusos en Ucrania. La organización de DD.HH. Human Rights Watch, después de entrevistar a 117 testigos —la mayoría de los cuales fueron obligados a pasar por el llamado «proceso de filtración» para descartar a los «poco confiables»— concluyó que tales acciones por parte de Rusia son una grave violación de las leyes de guerra, equivalentes a crímenes de guerra.
La secretaria general adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, habló en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el 7 de septiembre sobre numerosas violaciones relacionadas con los campos de filtración rusos para ucranianos en los territorios ocupados. La parte rusa trató de refutar estas acusaciones, diciendo que “lo que llaman ‘filtración’ son en realidad medidas para registrar a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra hacia Rusia”. Los medios rusos llamaron a tales acusaciones de la ONU “delirios” e “inicio de una nueva campaña de desinformación contra Rusia”.
Sin embargo, los campos de filtración, la deportación de los civiles y la adopción ilegal de niños ucranianos en Rusia no son acusaciones infundadas, como insiste Moscú. Por el contrario, están confirmados por muchas fuentes, incluidas investigaciones de organizaciones de DD.HH., inteligencia de servicios especiales ucranianos y de países occidentales, entrevistas de personas que pasaron por los campos de filtración, etc.
Según el proyecto Conflict Observatory de la Universidad de Yale, hay al menos 21 campos de filtración organizados por los servicios especiales rusos en Ucrania. En el proceso de recolección de datos, los analistas universitarios trabajaron con fuentes abiertas, noticias y fuentes visuales de las redes sociales, así como con imágenes satelitales de estos campamentos.
El sistema de filtración, según se explica en el estudio, es una infraestructura donde los civiles ucranianos, prisioneros de guerra y otros ciudadanos son registrados, interrogados y detenidos en los territorios ucranianos ocupados por Rusia. También hay evidencia de que este sistema estaba en funcionamiento semanas antes de que comenzara la invasión a gran escala y, probablemente, se amplió después de la ocupación de Mariúpol en abril de 2022 para garantizar el filtrado de todos los ciudadanos. Los investigadores han registrado 4 tipos de tales campos: lugares de registro; instituciones para detención forzosa de las personas desplazadas hasta el momento del interrogatorio; centros de interrogatorios adicionales y campos de internamiento.
El propósito de la filtración, como se explicó anteriormente en la Oficina del Defensor del Pueblo de Ucrania, es registrar a la población sobreviviente, verificar la lealtad de las personas a las autoridades de ocupación rusas e identificar a los que no son confiables. Esto sucede a sugerencia de colaboradores que proporcionan a los ocupantes listas de empleados de instituciones estatales, servicios comunales, los militares que participaron en la Operación Conjunta en el Donbás (2014-2022) y activistas ucranianos.
Nathaniel Raymond, director ejecutivo del Conflict Observatory, dijo en un comentario para Reuters que la existencia de tal sistema de filtración es una emergencia de Derechos Humanos.
«Las condiciones denunciadas por las personas liberadas de las instalaciones examinadas pueden constituir un trato cruel, inhumano y degradante, según el derecho internacional humanitario y de DD.HH. Estas condiciones incluyen instalaciones superpobladas, falta de acceso a un saneamiento adecuado, alimentos y agua potable insuficientes, exposición a los elementos, denegación de atención médica y uso del aislamiento. En algunos casos específicos, el trato descrito como sufrido por los liberados, como el uso de descargas eléctricas, condiciones extremas de aislamiento y violación física, puede potencialmente constituir tortura si se prueba», se trata en las conclusiones del informe.
El 1 de septiembre, la organización de DD.HH. Human Rights Watch (HRW) publicó el informe “Nosotros no tuvimos otra opción. Filtración y el delito de traslado forzoso de civiles ucranianos a Rusia«. Este estudio se basa en entrevistas con 117 testigos oculares, la mayoría de los cuales fueron obligados a pasar por el «proceso de filtración».
El informe de la HRW enfatiza que tales acciones por parte de Rusia son una violación grave de las leyes de la guerra, que equivalen a crímenes de guerra. Mediante presión, los representantes de Rusia obligaron a los ciudadanos ucranianos a trasladarse a los territorios previamente ocupados por Rusia, Donetsk y Lugansk, alegando que no tenían otra opción. El mayor número de personas desplazadas por la fuerza se encontraban entre los residentes de Mariúpol y de la región de Járkiv. Además, durante el traslado, muchos ucranianos se vieron obligados a atravesar zonas de feroces combates, bombardeos, así como numerosos puestos de control del ejército ruso, donde fueron atendidos e interrogados muchas veces. Durante la filtración, las autoridades rusas recopilaron datos personales y biométricos de los ciudadanos ucranianos, copiaron todos los datos de los teléfonos, revisaron la correspondencia personal y las cuentas en las redes sociales.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha confirmado que durante la filtración, las personas están sujetas a una examinación personal, a veces se les desnudan forzosamente, con interrogatorios detallados sobre sus orígenes, lazos familiares, opiniones y preferencias políticas; las mujeres y las niñas corren el riesgo de sufrir violencia sexual. Si una persona fuera reconocida como “poco fiable” durante el proceso de filtración (por tener vínculos con el ejército ucraniano, por tener posiciones proucranianas), se les envían a la región de Donetsk ocupada. La ACNUDH documentó que estos hombres y mujeres fueron sometidos a torturas y maltratos, y también se conocen casos de desaparición.
La HRW también logró hablar con algunos ucranianos que fueron deportados. Estas personas informaron que se les pidió que firmaran documentos en los que declararan que habían presenciado crímenes de guerra cometidos por el ejército ucraniano. La organización destaca que la mayoría de los casos de deportación de ucranianos de Mariúpol y de la región de Járkiv a Rusia son casos de desplazamiento forzado. El derecho internacional humanitario prohíbe que la parte rusa obligue a los civiles a evacuar individualmente o en masa a Rusia.
Hasta el día de hoy, se desconoce el número exacto de personas que pasaron por la filtración y fueron deportadas a Rusia. El 20 de junio, la viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo que 1,2 millones de ciudadanos ucranianos, incluidos 240.000 niños, fueron llevados por la fuerza a Rusia.
La jefa de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el 7 de septiembre que los constantes informes de deportaciones y los llamados «campos de filtración» organizados por Rusia causan «extrema preocupación». Llamó a las autoridades rusas que concedan acceso a la ONU a los ciudadanos ucranianos que viven en territorios militares controlados por Rusia. Además, como señaló Rosemary DiCarlo, «el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania deben tener acceso sin obstáculos a todas las personas detenidas en relación con la guerra en curso«.
Anteriormente, StopFake refutó la información falsa de la propaganda del Kremlin de que, por temor al «régimen de Kyiv», los refugiados de Ucrania supuestamente se van voluntariamente a Rusia.
