De acuerdo con el derecho internacional, ni Ucrania ni sus aliados serán los responsables de minar los territorios dentro del marco de la defensa de Ucrania de la agresión armada de Rusia.
Los medios de comunicación del Kremlin están difundiendo información de que EEUU, la OTAN, la UE y Kyiv, supuestamente, tienen la responsabilidad de la contaminación minera de los territorios rusos y ucranianos. En este tipo de mensajes, los medios aluden a la declaración del jefe de la delegación rusa sobre la seguridad militar y el control armamentístico, Konstantin Gavrilov, durante las negociaciones en Viena
“Los organismos competentes rusos reciben periódicamente confirmación de que EEUU, la OTAN y la Unión Europea, junto con el régimen de Kyiv son responsables de la contaminación de los territorios de Ucrania y de la Federación de Rusia con minas de fabricación extranjera, así como de las bajas entre los civiles causadas por ellas”, declara Ria Novosti citando a Gavrilov.
Tras la difusión de tales alegatos, StopFake ha recurrido a la organización benéfica internacional «Ecología-Derecho-Persona» (EDP) con la petición de explicar quién sería el responsable de la “contaminación minera” desde el punto de vista jurídico. La directora de dicha organización, Olena Kravchenko, y la asesora jurídica, Solomiya Barán, aseguran, aludiendo a las normas del derecho internacional, de que “ni Ucrania ni sus aliados serán los responsables de minar los territorios dentro del marco de la defensa de Ucrania de la agresión armada de Rusia”.
Los expertos de EDP señalan que los Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por Actos Internacionalmente Ilícitos, adoptados como apéndice de la Resolución 56/83 de la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 2001, definen las circunstancias que excluyen la ilegalidad de un acto. El Capítulo V de estos artículos establece una lista exhaustiva de tales circunstancias, una de las cuales es la «legítima defensa«. Y el Artículo 21 expone: «La ilegalidad de un acto está excluida si este acto es una medida de legítima defensa tomada de conformidad con la Carta de la ONU”.
A su vez, prosiguen los expertos, según el artículo 51 de la Carta de la ONU, el documento de ninguna manera afecta el derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva, si se produce un ataque armado contra un Miembro de la Organización, hasta que el Consejo de Seguridad tome medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.
Además, en la Cumbre Mundial de la ONU en septiembre de 2005, todos los Estados miembros de la ONU confirmaron oficialmente la responsabilidad de cada estado de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad, explica la organización «Ecología-Derecho-Persona»
“Este documento enfatiza que la comunidad internacional, en caso de que cualquier Estado no pudiera cumplir con esta obligación, tendría la responsabilidad de brindar asistencia para la protección de las personas, utilizando medidas diplomáticas, humanitarias y otras medidas pacíficas apropiadas de acuerdo con los Capítulos VI y VIII de la Carta de la ONU. Sin embargo, si tales medidas resultasen ser insuficientes, sería necesario tomar medidas colectivas «de manera oportuna y decisiva» a través del Consejo de Seguridad de la ONU y de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de la ONU”, dicen las representantes de la organización.
De acuerdo con el Protocolo sobre las Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos (enmendado el 3 de mayo de 1996), anexo a la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, precisamente las acciones de Rusia con respecto a la minería del territorio de Ucrania son una violación de los requisitos del derecho internacional, añaden las expertas de EDP.
