Tras la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar se ordenó a Rusia que liberara a los marineros ucranianos y no se ha encontrado que el incidente fuera una provocación militar por parte de Ucrania, sin embargo los medios rusos siguen insistiendo de que sí que fue la provocación.
El motivo para tales títulos fue la demanda del exjefe adjunto de la administración del cuarto presidente de Viktor Yanukovich, Andrii Portnov, contra el quinto presidente, Petro Poroshenko.
RT.com, al igual que otros medios de comunicación rusos, enfatizó que la demanda de Portnov fue «un cargo por provocación» y que «existen todas las razones para llevar a Poroshenko ante la justicia, pero dudan de que el asunto llegue a su fin».
También repite la tesis de que los marineros ucranianos hicieron la transición del mar Negro al mar de Azov «ignorando el procedimiento establecido y violando la frontera estatal de la Federación Rusa». Mientras que los políticos rusos se hacen eco de que «las agencias policiales ucranianas no se atrevieron a renunciar a los cargos mientras el expresidente estaba en el poder, pero ahora hay motivos para creer que el incidente será investigado de todos modos».
Sobre Portnov solamente informan que él abandonó el país después del “golpe de Estado” y ahora está listo para encabezar un equipo jurídico para “luchar en contra de los crímenes de Poroshenko”.
La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania observa que, según Andrii Portnov, el Registro Unificado de Investigaciones Previas al Juicio incluía «información sobre posibles crímenes penales y delitos por parte de funcionarios que ocupan puestos responsables en las autoridades estatales de Ucrania». Se trata de acciones dirigidas al cambio forzoso o al derrocamiento del sistema constitucional o a la toma del poder estatal, el exceso de la autoridad de un oficial militar o la autoridad oficial.
De acuerdo con la ley de Ucrania Sobre la Oficina Estatal de Investigación, cualquiera puede hacer estas solicitudes a través de una línea telefónica especial, a través del sitio web de la oficina o por correo electrónico. Toda la información enviada se inscribe en el Registro Unificado de Investigaciones Previas al Juicio, y se lleva a cabo una investigación previa al juicio sobre si existe realmente un delito en el caso reclamado.
El 25 de noviembre de 2018, los barcos de patrulla fronteriza pertenecientes al servicio de seguridad ruso FSB incautaron dos barcos de artillería ucranianos, un remolcador y sus tripulaciones, disparándoles e hiriendo a varios soldados ucranianos.
Rusia afirmó que los barcos ucranianos estaban en el territorio de la Federación Rusa. Sin embargo, un acuerdo bilateral entre Rusia y Ucrania, firmado en 2003 y ratificado por Rusia en 2004, regula el uso del estrecho de Kerch y del mar de Azov, que se consideran «aguas internas» de Rusia y de Ucrania en el acuerdo.
Varios países y organizaciones internacionales se opusieron a las acciones de Rusia en el estrecho de Kerch, lo que llevó a una escalada del conflicto y a una mayor militarización en la región.
El 25 de mayo de 2019, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordenó a Rusia liberar inmediatamente a los marineros ucranianos capturados —que hasta el momento permanecen detenidos en Moscú— y permitirles regresar a Ucrania. El tribunal también declaró que no encontró pruebas de la versión rusa de la «provocación» de Ucrania. «La invasión secreta de marineros ucranianos, en la que Rusia insiste, parece muy improbable para el Tribunal», dice la decisión.
