Según los medios rusos, la anexión de Crimea y las provocaciones de guerra en el Donbás «no pueden considerarse actos de terrorismo» contra Ucrania. Mientras tanto, el 3 de junio en La Haya han comenzado las audiencias del Tribunal Internacional de Justicia en el caso de “Ucrania contra Rusia”. Incluso antes del inicio de los procedimientos, el Kremlin comenzó a difundir información manipulativa sobre la disputa interestatal.
El MAE de Rusia ha salido con el siguiente comunicado: “Negamos en absoluto la existencia de una disputa entre los dos países sobre los convenios mencionados… La guerra civil desatada por Kyiv en el Donbás no está regulada por el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y las afirmaciones de Kyiv sobre la presunta anexión ilegal de Crimea por Rusia no pueden ser demandadas bajo la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial».
Esta es una demanda interestatal de Kyiv, en la cual Ucrania acusa a Rusia de financiar el terrorismo y de violar el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo: Kyiv tiene la intención de pedir a la parte rusa que rinda cuentas por la guerra en el Donbás y por la ocupación de Crimea. El expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, fue el iniciador de tal demanda a principios de 2017.
Rusia determinó de inmediato su posición: no hay presunta discriminación ni violación de los derechos humanos ni en la península ucraniana ni en los territorios ocupados del Donbás. Según la lógica del Kremlin, Ucrania «no tiene derecho» a presentar una demanda contra Rusia, mientras que el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas «no tiene jurisdicción» para considerar ese caso.
El Kremlin afirma que Ucrania supuestamente ni siquiera tenía el derecho de presentar las demandas al Tribunal, utilizando sus narraciones favoritas sobre la «guerra civil» en el Donbás y la «reunificación histórica» de la Crimea ucraniana con Rusia.
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Según la viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Olena Zerkal, Rusia fue acusada de proporcionar armas y financiar a militantes en las regiones de Donetsk y de Lugansk, de derribar el avión de pasajeros de la Aerolíneas Malasias MH17, de bombardear las áreas residenciales de Mariúpol y de Kramatorsk, por la destrucción de un autobús civil de pasajeros cerca de Volnovaja y también por prohibir las actividades del Mejlis del pueblo tártaro de Crimea. Ahora Kyiv está demostrando que el Tribunal Internacional de la ONU puede aplicar la Convención sobre la Prohibición del Financiamiento del Terrorismo y la Convención sobre la Prohibición de la Discriminación Racial.
En un comentario Olena Zerkal explicó: «Esta es su posición típica: continúan llamando la Revolución de la Dignidad como si fuera una rebelión, continúan hablando sobre una presunta guerra civil. No hemos escuchado nada nuevo… El Tribunal necesitará tiempo para tomar su decisión, esto durará hasta el final del año, y después de eso, la parte rusa tendrá 13 meses para preparar un memorando. Es decir, todo esto se está haciendo (por el lado ruso – red.) para retrasar el proceso».
Es demasiado pronto para decir que el Tribunal Internacional de la ONU no tiene jurisdicción para considerar una serie de casos relacionados con la agresión de Rusia: puede llevar aproximadamente medio año para expresar su decisión. Anteriormente, el Tribunal ya había cumplido parte de los requisitos de Ucrania contra Rusia en virtud de la Convención para la Prohibición de la Discriminación Racial. En 2017, el Tribunal emitió una decisión temporal, según la cual ordenó a Rusia detener la persecución de los tártaros de Crimea, permitir las actividades del Mejlis de los tártaros de Crimea y garantizar el acceso a la educación en el idioma ucraniano en la península anexada. Rusia ignoró estos requisitos.