A principios de este año, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el desarrollo de un nuevo proyecto de ley con el propósito de fortalecer la lucha contra las noticias falsas. Así prometió crear «un mecanismo legal para proteger la vida democrática de las falacias».
La idea surgió después de la distribución masiva de información falsa durante las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, así como del referéndum en el Reino Unido sobre el Brexit —retirada de la Unión Europea—. Además estaba harto por la desinformación difundida sobre él mismo en los medios rusos durante su campaña presidencial en 2017.
La idea del proyecto de ley «Sobre la Verosimilitud y Credibilidad de la Información» fue presentada por la ministra de cultura del país, Françoise Nyssen, en febrero de 2018. Se espera que el proyecto de ley no cambie drásticamente toda la legislación de información de Francia, sino que la adapte a la era de las tecnologías digitales.
La legislación existente de Francia
Francia tiene la ley “Sobre la Libertad de Prensa”, la cual define la información engañosa. La ley abarca violaciones que se castigan con multas de 45 mil euros: por la difusión de una difamación, información falsificada o engañosa, publicaciones que llevan o que potencialmente podrían llevar a la perturbación de la paz pública o a una calumnia. En caso de que las consecuencias negativas socavaran la disciplina o el espíritu del ejército u obstruyeran los esfuerzos militares de la nación, la multa ascendería a 135 mil euros.
La definición de la información falsa es bastante estrecha en la legislación contemporánea y solamente se implica la responsabilidad si se llega a la perturbación de la paz pública.
Ya una vez intentaron aprobar una ley parecida
Un año atrás en Francia ya habían intentado aprobar un proyecto de ley contra las noticias falsas, pero al final no lo hicieron, porque los empleados de las redes sociales deberían bloquear demasiado contenido sin poder verificarlo bien y profesionalmente, esto por su parte llevaría a las restricciones de la libertad de expresión.
¿Qué proporciona el nuevo proyecto de ley?
Ahora la idea es que la ley tendrá dos enfoques principales: las redes sociales y los medios de comunicación masiva.
Se pretende que durante la campaña electoral esté el tal organismo-regulador —El Consejo Supremo Audiovisual de Francia— que tendrá el derecho de suspender o revocar unilateralmente la validez de la licencia de cualquier emisor que esté bajo la influencia de capital extranjero, si el regulador considera que este medio difunde información falsa.
Además los departamentos de este regulador podrán reclamarles a las plataformas como YouTube y Facebook que revelen los nombres de los que pagan por anuncios en las redes sociales, si tal información está dirigida a la opinión pública y se basa en hechos falsos. Las plataformas de las redes sociales también tendrán que revelar las cantidades de dinero invertidas por los individuos de tales anuncios pagados, que forman parte de las campañas de desinformación.
¿Significa esta ley un riesgo para la libertad de expresión?
Explicando su proyecto de ley en una entrevista, la ministra francesa Nyssen dijo que la introducción de tal ley no significa el fin para la libertad de expresión de Francia.
La ministra cree que la ley debería proteger contra el riesgo de censura privada si las redes sociales actúan de acuerdo con sus propias reglas.
¿Estáis seguros de que va a funcionar?
Por ahora es difícil entender si va a funcionar bien el mecanismo del bloqueo de las noticias falsas, propuesto por las autoridades francesas.
Primeramente, la idea es simplificar el mecanismo para presentar una queja ante un tribunal acerca de los casos de falacias. Pues es muy probable que durante la campaña electoral las cortes estén inundadas de reclamos de ciudadanos sobre noticias falsas. Esto puede llevar a decisiones poco pensadas, o los jueces tardarían en manejar los procedimientos. Además, si son casos sobre noticias falsas, todas las actualidades se difunden rápidamente y de igual manera pierden su relevancia. Por lo tanto, si la corte la bloqueara después de una semana, ya no tendría mucho sentido, porque ya habría tenido su impacto en la audiencia.
En segundo lugar, el término de información falsa es bastante limitado, así que también dependería de cómo la corte la defina cada vez.
Por ejemplo, en muchas decisiones de los tribunales de Francia se señala que el término «información falsa» no incluye noticias que resultaron ser falsas, pero que eran «plausibles» o contenían algunos elementos falsos que son solo «detalles» de la noticia.
Además hace falta comprobar que los autores de la publicación sabían antes que era falsa y engañosa y que aún así la publicaron.
¿Qué puede tomar Ucrania de la experiencia de Francia?
De todo lo anunciado en este proyecto de ley, el detalle más importante es la revelación de los datos de los anunciantes y los pagos que realizan. También en Ucrania sería bueno mejorar la legislación acerca de la transparencia de los anunciantes: es importante divulgar la información financiera con respecto a las publicaciones y anuncios políticos, así como especificar las personas o entidades legales que ordenan y pagan por tales publicaciones.
Además sería bueno facilitar un mejor nivel de transparencia para los medios de comunicación masiva impresos y digitales. Hasta el momento, solo los canales de TV están obligados a revelar la estructura de su propiedad. De la misma manera, los medios digitales deben hacer lo mismo, porque también impactan a la opinión pública y son utilizados como las herramientas de la propaganda mediática.
En lo que toca la parte de las cortes, esto no sería muy eficaz en el contexto de nuestro país, porque lleva bastante tiempo escuchar las posiciones de los partidarios y tomar la decisión adecuada. En el caso de la desinformación, el tiempo es apremiante.
Autora: Anna Rozhkova para Stopfake.org
Versión revisada
