El Estado domina las cadenas mediante la propiedad e instrumentos coercitivos, se trata en una nota de El País.
Rusia ocupa el lugar 148 (de 180 en total) en el índice de libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras correspondiente a 2016. El Estado ruso controla las cadenas de televisión (el principal medio de difusión informativa en este enorme país), no solo mediante la propiedad de las empresas y el nombramiento de sus directivos, sino, también, mediante el empleo de una amplia variedad de instrumentos persuasivos a su alcance: coercitivos, económicos y advertencias entre bastidores, sin documentos ni huellas.
La ideología del Kremlin, de marcado tono antioccidental en los últimos años, se reproduce desde la inmensa mayoría de los canales, con excepción de algunos de poca audiencia, testimoniales, o dirigidos a un público minoritario. La frontera entre la información y la propaganda se ha difuminado. “La situación de la libertad de expresión empeora paulatinamente y, sobre todo, porque la gente se está acostumbrando a esta falta de libertad”, afirma Alexéi Símonov, el presidente de la fundación Glasnost de Moscú. Por haber tenido becas occidentales, Glasnost ha sido obligada a registrarse como un “agente extranjero”, una calificación que, en Rusia, conserva resabios de la caza de brujas estalinista.
Los extranjeros, por otra parte, tienen limitada a un 20% su participación en medios de comunicación de masas en Rusia y los medios, a su vez, deben declarar (con pocas excepciones), los ingresos superiores a unos 200 euros que hayan recibido de entidades extranjeras.
Los analistas vinculan el inicio del empeoramiento del clima de libertad de expresión con la vuelta en 2012 de Vladímir Putin a la presidencia del Estado tras un periodo de cuatro años al frente del Gobierno. La tendencia se inscribe en el deterioro del clima general de las libertades cívicas en Rusia, donde, según una enmienda del Código Penal en vigor en mayo de 2014, la “exhortación” al separatismo puede ser condenada a cinco años de cárcel. Esta pena planea, por ejemplo, sobre quienes cuestionen la “soberanía rusa” en Crimea, basándose en el derecho internacional y la Asamblea General de la ONU, para los cuales la península pertenece legalmente a Ucrania.
Por otra parte, el concepto legal de extremismo es un cajón de sastre en el que los periodistas pueden perderse (y ser castigados por ello), si profundizan sobre las motivaciones de grupos radicales, tratan de entender las causas de la existencia de éstos o cuestionan los métodos empleados por las fuerzas del orden público para perseguirlos. Al margen de su veracidad, la información crítica procedente de Occidente sobre figuras o instituciones rusas se rechaza sistemáticamente desde los medios oficiales como “información antirusa”, lo que ha sido el caso de los escándalos en los paraísos fiscales gestionados desde Panamá, en la parte que afectan a empresas rusas y su vinculación a un músico amigo del jefe del Estado.
En el interior de Rusia los registros de la propiedad inmobiliaria, por otra parte, se han cerrado de forma selectiva tras investigaciones periodísticas que han descubierto lujosas mansiones inscritas a nombre de altos funcionarios del Estado.
Autor: Pilar Bonet
Fuente: El País
