Fuente: Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la información
El 27 de febrero de 2024, el Comité de Inteligencia adjunto al presidente de Ucrania informó de que en marzo-mayo los servicios especiales rusos dedicarían el máximo de esfuerzos y recursos a desestabilizar la situación en Ucrania. Se trata de la fase final de la operación especial Maidan-3, que el enemigo ha estado llevando a cabo durante los últimos meses y cuyo presupuesto total asciende a 1.500 millones de dólares. Uno de los principales golpes informativos estará dirigido a los dirigentes políticos de Ucrania.
Como es sabido, el 31 de marzo de 2024, en Ucrania se tendrían que celebrar las próximas elecciones presidenciales. Esta cuestión ya ha quedado zanjada: no habrá elecciones en el país durante una guerra a gran escala. Sin embargo, los servicios especiales rusos están haciendo todo lo posible por destruir la legitimidad del gobierno central a los ojos de los ciudadanos para sumir a Ucrania en el caos interno y, valiéndose de ello, infligirle una derrota militar en el Este.
Con este fin, el enemigo está haciendo todo lo posible para que los ucranianos duden de la legitimidad del gobierno central después del 20 de mayo y, por tanto, de la legitimidad de sus decisiones. El carácter manipulador e infundado de tales mensajes es evidente, como lo es la imposibilidad de celebrar una votación nacional en plena guerra. Por ello, conviene recordar una vez más por qué el aplazamiento de las elecciones presidenciales es una decisión razonable y necesaria.
Democracia en lugar de la imitación
En primer lugar, cabe señalar que antes de la invasión rusa a gran escala, las elecciones en Ucrania se celebraban con regularidad y eran una herramienta eficaz para la rotación del poder. Entre 1991 y 2022, el país pasó por 7 campañas presidenciales y 8 parlamentarias. Ninguno de los presidentes, salvo Leonid Kuchma, permaneció en el cargo más de un mandato.
A diferencia de muchos Estados postsoviéticos, Ucrania ha tenido la suerte de evitar una dictadura duradera y de mantener un entorno político pluralista y competitivo. Ucrania es una democracia consolidada en la que la oposición siempre tiene influencia y posibilidades reales de hacerse con el poder en las elecciones.
Fue la guerra la que obligó a suspender el proceso electoral. En cuanto acabe la amenaza, el país volverá al ritmo habitual de la vida política.
En cambio, en Rusia, las elecciones se han convertido desde hace tiempo en un acto ritual que en modo alguno es capaz de sacudir la dictadura de Putin. Sí, el Estado agresor celebra «elecciones» en su país e incluso las organiza en territorios extranjeros pero temporalmente ocupados. Sin embargo, en las elecciones rusas no se trata de expresar la voluntad, sino de imitar la unidad y la cohesión de los súbditos en torno a su caudillo.
Base legal
La celebración de elecciones presidenciales en Ucrania durante la ley marcial está expresamente prohibida por el artículo 19 de la Ley sobre el Régimen Jurídico de la Ley Marcial. Por supuesto, el Parlamento tiene potestad para modificar la legislación vigente, pero en este caso no hay motivos para hacerlo: según el artículo 64 de la Constitución de Ucrania, los derechos electorales de los ciudadanos no se encuentran entre los que no pueden restringirse durante la ley marcial o el estado de excepción.
A veces se plantea que es posible desbloquear la posibilidad legal de celebrar elecciones presidenciales si la Rada Suprema no prorroga la ley marcial. Esto crearía una ventana para la celebración de elecciones, tras lo cual la ley marcial se prorrogaría de nuevo. Sin embargo, el uso de semejante «truco vital» tendrá consecuencias catastróficas para el Estado, ya que la Ley «Sobre el Régimen Jurídico de la Ley Marcial» regula muchas otras cuestiones y procesos directamente relacionados con la capacidad de defensa del país. Por lo tanto, suspenderla incluso durante unas semanas sería un generoso regalo para el enemigo.
Por tanto, las fake news de que el actual presidente de Ucrania «perderá legitimidad» en primavera pueden interpretarse sin duda como obra de los servicios especiales rusos o ayuda consciente o inconsciente al enemigo.
Consenso global
En los últimos meses, la propaganda rusa, alegando la ley marcial, ha intentado convencer a los ucranianos de que el aplazamiento de las elecciones es señal de una dictadura que supuestamente está construyendo el actual gobierno. Pero, en realidad, la decisión no fue arbitraria y no suscitó resistencia en ningún nivel de la sociedad.
Así, en noviembre de 2023, los jefes de las fracciones parlamentarias firmaron un memorándum en el que se afirmaba lo siguiente:
«Nosotros también hemos llegado al acuerdo de que las futuras elecciones nacionales libres y justas (parlamentarias y presidenciales) se celebrarán después del fin de la guerra y del fin de la ley marcial con tiempo suficiente para preparar las elecciones (al menos 6 meses después del fin de la ley marcial) sobre la base del actual Código Electoral (…)»
También hay acuerdo entre la sociedad civil. En septiembre de 2023, la red civil OPORA emitió una declaración, a la que se sumaron más de 100 organizaciones y movimientos de la sociedad civil:
«Elecciones y guerra a gran escala son incompatibles. Esta idea es extremadamente peligrosa y conducirá a la pérdida de legitimidad tanto del proceso como de los órganos elegidos y, con una alta probabilidad, a una desestabilización significativa del Estado en su conjunto. Los retos clave están relacionados con la libre formación de la voluntad política en la fase activa de la guerra, la incapacidad de garantizar la plena participación de los militares y los votantes en el exterior, y la falta de competencia política en el contexto del recorte de derechos y libertades bajo el régimen de la ley marcial.»
La gran mayoría de los ucranianos comunes tampoco apoya la idea de celebrar elecciones en tiempos de guerra. Así lo confirman los resultados de una encuesta nacional realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kyiv en otoño de 2023. Sólo el 16% de los encuestados afirmó que las elecciones parlamentarias y presidenciales deberían celebrarse dentro del plazo establecido por la Constitución. En cambio, el 81% de los encuestados creía que las elecciones debían celebrarse tras el fin de la guerra y que ahora no eran oportunas. Los partidarios de aplazar las elecciones eran abrumadoramente mayoritarios en todas las regiones de Ucrania.
Limitaciones de seguridad
Según el artículo 3 de la Constitución de Ucrania, los valores sociales más preciados son la persona, su vida y su salud, su honor y su dignidad, su inviolabilidad y su seguridad. Sin embargo, nadie puede garantizar la seguridad de los ciudadanos durante las elecciones en tiempos de guerra. No hace falta ser un experto militar para comprender que las grandes aglomeraciones en los colegios electorales pueden convertirse (y se convertirán) en un objetivo para el enemigo. Es imposible mantener en secreto las direcciones de decenas de miles de colegios electorales. Tampoco es posible ubicar todos los colegios electorales en edificios que puedan servir como refugios seguros capaces de resistir un ataque con drones, misiles balísticos o artillería de cañón.
La celebración de elecciones sin colegios electorales, es decir, mediante el voto a domicilio, por correo o electrónico (o una combinación de estos métodos) tampoco es realista por el momento. Además, los ucranianos se muestran muy escépticos ante la idea de las elecciones en línea: en la encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kyiv antes mencionada, el 65% de los encuestados estaban en contra del voto por Internet. Además de los riesgos de fraude citados por los encuestados, también existe el peligro de ciberataques hostiles. Tampoco está claro cómo garantizar el secreto del voto, ya que para participar hipotéticamente en unas elecciones en línea, un ciudadano tendría que confirmar su identidad al conectarse al sistema electrónico correspondiente. Lo mismo ocurre con el voto por correo.
Así pues, organizar unas elecciones que cumplan simultáneamente las normas democráticas y de seguridad más estrictas es un reto para el que ni Ucrania ni ningún otro país del mundo están preparados. Por supuesto, es posible celebrar elecciones, ignorando las circunstancias de tiempo de guerra, pero ¿quién asumirá la responsabilidad política, legal y moral de las posibles víctimas masivas?
Justicia y dinero
No menos grave es la cuestión de la igualdad de acceso al voto para los ciudadanos ucranianos. En la actualidad, el 26% del territorio de Ucrania se encuentra bajo ocupación temporal. Actualmente es imposible calcular con precisión el número de personas que viven en estas zonas, pero está claro que millones de ucranianos no podrán participar en unas hipotéticas elecciones. El Instituto de Demografía y Estudios Sociales de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania estima en 9 millones el número de nuestros ciudadanos en el extranjero. Nadie sabe cómo organizar la igualdad de acceso a los colegios electorales en el extranjero para tanta gente. Del mismo modo, es imposible organizar un acceso equitativo y sin obstáculos a los colegios electorales para aquellos que llevan la peor parte de la guerra: los miembros de las Fuerzas de Defensa que realizan tareas directamente en el frente o muy cerca de él. Ignorar los votos de estas categorías de ciudadanos sería contrario no sólo a los principios de la democracia, sino también a los principios fundamentales de la justicia.
Además, las elecciones requieren importantes gastos presupuestarios. El año pasado, el Ministerio de Finanzas pidió a la Comisión Electoral Central estimaciones de los costes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Según la Comisión Electoral Central, las elecciones presidenciales costarían al Estado 5.400 millones de gryvnias (moneda oficial de Ucrania) y las parlamentarias 3.700 millones de gryvnias. No es necesario explicar que actualmente el presupuesto ucraniano tiene partidas de gasto mucho más prioritarias relacionadas con el sector de la defensa y el apoyo a las categorías más vulnerables de la población. No es difícil prever que el gasto de miles de millones de dólares en las elecciones, que no exigen ni los políticos ni la sociedad, parecería injustificado e incluso inmoral.
De esta forma, hoy en Ucrania no existe ni una demanda real de elecciones presidenciales durante la guerra, ni una oportunidad objetiva de organizarlas de acuerdo con las normas democráticas. Rusia, tratando de crear una excitación artificial en torno a esta cuestión, persigue dos objetivos. Como mínimo, quiere socavar la legitimidad del gobierno central a ojos de los ciudadanos y, como máximo, quiere empujar a Kyiv a celebrar unas elecciones cuyos resultados serán cuestionables y, por tanto, desacreditar a Ucrania a ojos de sus socios occidentales. Pero tales intenciones están condenadas al fracaso.
Fuente: Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la información
