La Corte Penal Internacional posee “pruebas convincentes” que testifican que Rusia es la culpable de la deportación ilegal de niños ucranianos. De acuerdo con el derecho internacional, el desplazamiento forzado de ucranianos menores de edad constituye un delito de guerra.
Los medios de comunicación rusos han reaccionado con una potente corriente de desinformación a la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, Maria Lvova-Belova. Comentando la emisión de la orden, los medios pro-Kremlin han anunciado que la “evacuación” de niños ucranianos de zonas de combate y su traslado a Rusia con el objetivo de “evitar víctimas entre civiles” supuestamente no puede considerarse crimen de guerra. Los medios rusos también nombraron “misión humanitaria para salvar a los niños de los bombardeos ucranianos” la deportación de habitantes ucranianos.
“Indignación y sorpresa, hablando sutilmente, es lo que provoca la decisión del TPI en La Haya, la cual prácticamente ha reconocido la salvación de los niños del dolor y sufrimiento de la guerra como delito. Semejante comprensión retorcida de la ley no puede llamarse de otra manera que no sea el “tribunal infernal”, escriben los medios rusos.
La narrativa rusa sobre la «misión humanitaria para sacar a los niños de los bombardeos” ha sido refutada en más de una ocasión no solo por los periodistas de StopFake, sino también por una serie de organizaciones internacionales, entre las cuales se encuentra la Comisión de la ONU y la Corte Penal. Según el derecho internacional, la llamada “evacuación” de los menores ucranianos significa deportación y traslado forzoso de niños, lo cual, equivale a crímenes de guerra.
El 17 de marzo de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares II del Tribunal Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el presidente Putin y la responsable de la infancia en Rusia, Lvova-Belova, en el contexto de agresión armada de Rusia contra Ucrania. Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, ha anunciado que existen pruebas contundentes que alegan que Putin y Lvova-Belova son los responsables de la deportación ilegal de niños ucranianos de las regiones temporalmente ocupadas. Según los datos de Khan, se trata de “cientos de casos” de deportación ilegal de menores ucranianos cometidos por Rusia en el contexto de agresión contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania que comenzó en 2014.
La narrativa rusa sobre la “evacuación” de niños ucranianos por parte de las fuerzas ocupantes también ha sido negada por la Comisión Independiente de la ONU. El 15 de marzo de 2023, los expertos internacionales han publicado un informe que muestra los resultados sobre la investigación de la agresión rusa contra Ucrania. En las 22 páginas del reporte, que costa de 113 puntos, se describen los hechos documentados de tortura, abuso, violencia sexual y ejecuciones de ucranianos pacíficos por parte de los ocupantes. Hay un apartado del informe de la ONU dedicado a los resultados de la investigación sobre el traslado forzado y deportación de niños ucranianos por los ocupantes rusos.
El documento enfatiza que el derecho humanitario internacional prohíbe el traslado de niños en un conflicto armado. Habiendo estudiado los casos de deportación de 164 niños de entre 4 y 18 años de edad procedentes de las regiones de Donetsk, Járkiv y Jersón, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Rusia es culpable del traslado ilegal de niños ucranianos, lo cual constituye un crimen de guerra. La Comisión ha determinado que los más pequeños no han conseguido establecer contacto con sus familias y a medida que pase el tiempo podrían perderlo por tiempo indefinido.
“La comisión llegó a la conclusión de que las situaciones consideradas por ella, relacionadas con el traslado y la deportación de niños dentro de las fronteras de Ucrania y la Federación Rusa, respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra. La delegación estableció que las autoridades rusas violaron su obligación prevista en el derecho internacional humanitario de facilitar la reunificación de familias separadas como resultado del conflicto armado de todas las formas posibles. Tal comportamiento también puede constituir un crimen de guerra en forma de un retraso injustificado de la repatriación de civiles”, concluyó la Comisión de la ONU (páginas 17-19, puntos 95-102).
Según la Oficina Nacional de Información, a fecha del 20 de marzo, los rusos han deportado a 16.226 niños ucranianos del país, cuya identidad ha sido imposible de establecer. Por otra parte, la Oficina Nacional señala que el número real de niños secuestrados es diez veces mayor: Rusia expulsó por la fuerza a unos 744.000 jóvenes ucranianos.
Todas las desinformaciones rusas sobre la «evacuación» de niños ucranianos se ven rebatidas por los hechos: una gran cantidad de expertos internacionales independientes que representan a diferentes Estados están involucrados en la investigación de presuntos crímenes de guerra rusos en Ucrania. En este momento, el mayor grupo de expertos de la historia de la Corte Penal Internacional está trabajando en Ucrania: en mayo de 2022, el TPI envió un grupo de 42 investigadores, expertos judiciales y personal de apoyo al país para investigar delitos que son de la competencia de este órgano. Además, en la primavera de 2022, la Oficina del Fiscal del TPI se unió al Equipo Conjunto de Investigación para la Investigación de los Crímenes de Guerra Rusos en Ucrania (JIT). El JIT fue constituido por Ucrania, Lituania, Polonia, Estonia, Letonia y Eslovaquia. El grupo también es conformado por la Agencia de Justicia Penal de la UE (Eurojust), que representa a 27 Estados miembros de la UE y otros 10 Estados.
